Clasificación de residuos reciclables
La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires aprobó en su última sesión un proyecto de Declaración presentado por Abel Miguel –radical en la Coalición Cívica-, mediante el cual se pide al Poder Ejecutivo implemente en todas las reparticiones públicas a su cargo, siempre que fuera posible en función de las disposiciones municipales vigentes, la clasificación de residuos secos en bolsas verdes, con el propósito de promover su reciclado. Para el legislador es necesario “comenzar a tomar medidas que contribuyan tanto a un mayor bienestar de nuestros ciudadanos, como así también favorecer la calidad de vida de generaciones futuras”.
La iniciativa está motivada en la cantidad de residuos reciclables que son desechados en los ámbitos públicos provenientes de fotocopias, impresiones, correspondencia, entre otros productos, los cuales constituyen casi la totalidad del volumen de basura que movilizan estas dependencias y que podrían ser parte de un programa de reciclado con el fin de minimizar su impacto ambiental, respetando y acompañando las medidas que a los efectos de la clasificación de residuos lleven adelante las municipalidades.
En los fundamentos del proyecto se menciona que “está en boca de todos las consecuencias que estamos afrontando por la contaminación antrópica que ha sufrido el planeta, la cual se ha incrementado exponencialmente en los últimos dos siglos por la continua quema de combustibles fósiles que han contribuido a aumentar la temperatura media global, provocando un desequilibrio en la atmósfera terrestre”.
Asimismo, es de destacar que innumerables productos de descarte de la actividad humana puede reutilizarse, lo cual implica una menor generación de basura, como así también una menor contaminación, ya que estos son generalmente depositados en rellenos sin tener en cuenta las consecuencias.”
Miguel señaló que “algunos ejemplos de materiales reciclables que se incluyen en esta iniciativa, son los papeles y cartones, los cuales encabezan la lista de desechos por parte de organismos públicos”.
“Si tenemos en cuenta –prosiguió- que por cada tonelada de papel desechado, se necesitarán entre 15 y 20 árboles de entre 10 y 20 años de antigüedad para restituirlos, lo cual supone deforestación y una mayor liberación de dióxido de carbono a la atmósfera proveniente de los restos de árboles utilizados, la implementación de medidas como las solicitadas servirá para contribuir a la preservación y evolución más armónica de los ecosistemas tanto naturales como los que han sido modificados por las actividades humanas”.
