Lázzaro: “Clarín va a tener que elegir con qué canal de cable se queda, TN, Volver o TyC”
El coordinador general del Comfer aseguró a LPO que “esta no es una ley contra el grupo” de Ernestina Herrera de Noble. Y contó que el Gobierno estaba dispuesto a conceder cambios si lo presionaban en la Cámara Baja, pero “el radicalismo perdió su oportunidad de negociar en Diputados”. Habló sobre el conflictivo artículo 161, la autoridad de aplicación y explicó por qué el kirchnerismo después de 6 años en el poder, recién ahora impulsa una nueva norma.-
Luis Lázzaro mide cada una de sus palabras. Poco antes de que se debata la ley de Medios en el Senado, el coordinador general del Comfer, no quiere expresar ningún concepto de más que pueda provocar un cambio en los contados votos a favor que el Gobierno tiene de los legisladores. Sabe que en el discurso transmite ideas y puede hacer confesar las intenciones al soldado más fuerte.
Confiado en que la ley saldrá del Congreso sin modificaciones, señaló que que “el radicalismo perdió su oportunidad de negociar en Diputados” que el Gobierno estaba dispuesto a conceder cambios si lo presionaban en la Cámara Baja.
El ex periodista que trabajó junto con el titular del organismo de control, Gabriel Mariotto, en el proyecto que el kirchnerismo busca sancionar hoy en la Cámara Alta, recibió a La Política Online en las burocráticas oficinas del microcentro del Comfer.
En una larga charla explicó por qué el kirchnerismo después de 6 años en el poder, recién ahora impulsa una ley, y repasó cada uno de sus conflictivos puntos, como el artículo 161, cláusula que le da un año a las empresas para adaptarse a la nueva norma, la cuestionada autoridad de aplicación y la posibilidad del Gobierno de revocar licencias si considera que el medio tiene “ánimo destituyente”.
¿Cree que un año es un período adecuado y viable para que las empresas se deshagan de algunos de los medios que posee sin que los tengan que salir a regalar?
Ese lapso tiene sentido en relación al resto de la ley. En realidad son un par de empresas, el Grupo Clarín y el Grupo Uno, y probablemente haya un par de empresas a nivel local que hoy tengan más medios de los que ahora le permite la ley. Esto en cuanto a las ventas de ciertas unidades de negocio. Después también están también las adecuaciones que van a tener que llevar a cabo en cuanto a los niveles de producción propia, local e independiente.
Ese fue justamente otro de los puntos críticos de la ley, la regulación de contenidos que impone la ley fue tildada de inconstitucional porque dejaría en manos del gobierno de turno la decisión sobre qué temas tratar en los medios…
La única parte de regulación de los contenidos se refiere al origen de los contenidos, no del contenido en sí mismo, sino a la necesidad de tener producción propia, independiente y local o al tope de la retransmisión en cadena.
La ley plantea un piso de un 30% de producción propia para televisión y el 50% para radio. Y plantea un 30% de la producción independiente para Capital Federal y después hay una escala que va bajando hasta el 10% en las ciudades más chicas y también establece un tope del 30% de los contenidos de otras emisoras para que sean retransmitidas. Esto tiene que ver con la preservación de la producción y el empleo y la promoción de contenidos culturales e informativos que hacen al derecho de la sociedad.
Si no es estableciera un límite se estaría alentando que todos los medios se encadenaran con dos o tres productoras de la Ciudad de Buenos Aires y eso dejaría sin información y sin contenidos locales y regionales
Cuando Cristina Kirchner anunció que enviaba el proyecto al Congreso, señaló que un 30% quedaría en manos del Estados, otro tanto en manos de ONGs y otro del sector comercial, con las modificaciones que se hicieron, ¿eso quedó vigente?
No es correcta esa división. La ley establece una reserva del 33% del espectro radioeléctrico para las organizaciones sin fines de lucro, las reservas para el sector público, Estado nacional, provincial y municipal, es de una emisora por tipo por lugar, lo que da un aproximadamente un 10% y el resto queda para el sector comercial, lo que da mucho más del 50%.
Según el régimen sancionatorio de la nueva ley, le permitirá al Estado revocar las licencias a aquellos canales que emitan mensajes contrarios al orden constitucional. El Gobierno calificó a la protesta del campo como golpista, desestabilizador y con actitud destituyente, ¿con esta nueva norma podría quitarle las licencias a los medios que transmitieron el conflicto?
Primero que hoy tenemos una ley, la que quedó de la Dictadura, que autoriza a hacer eso y establece que el Comfer es el organismo a cargo de llevarlo a cabo, un ente completamente manejado por el Gobierno. Si no se hace ahora que necesita sólo de una persona para tomar la decisión, por qué lo haría con una ley de la democracia, donde todos los sectores políticos e institucionales van a participar de la autoridad de aplicación.
La ley vigente hoy está pensada para reprimir y censurar a la opinión pública y le da facultades plenas al Poder ejecutivo para disponer sobre los medios de comunicación.
¿Aún con más de las 200 modificaciones que tuvo en la democracia?
No, en democracia tuvo tres modificaciones de importancia. Las demás son puramente administrativas.
¿Cuáles son estos tres cambios significativos?
Que las licencias antes no se podían transferir y ahora se pudieron vender, que el tope de licencias pasó de cuatro a 24 y que se permitió la constitución de redes privadas permanente que dieron origen a las cadenas. Y hubo un cuarto en el gobierno de Néstor Kirchner se reformó el artículo 45 que impedía a las entidades sin fines de lucro el acceso a las licencias.
¿Quiénes escribieron el proyecto?
Fue un trabajo que se hizo durante muchos años, se retomó lo que hizo el equipo de Gustavo López en 2001 y se recibieron aportes de la Comisión de Comunicaciones, del Comfer, de la Secretaría de Medios, de la Coalición por una difusión Democrática, de la Facultad de Sociales de la UBA, de la Universidad de La Plata y esto se puso en un borrador que después se debatió en los foros con la sociedad civil y desde el envío del 27 de agosto hasta la media sanciones en Diputados tuvo entre 60 y 80 modificaciones más.
¿No le parece raro que en todo esa lista de aportantes no haya periodistas?
¡Cómo no! En la Facultad de Sociales están los estudiantes y profesores de Comunicación Social, muchos de los que trabajamos en el Comfer somos periodistas.
Pero quienes me nombra son más bien académicos del periodismo…
Bueno, yo he ejercido el periodismo muchos años. No hay ningún divorcio. También estuvieron la Federación de los Trabajadores de Prensa de la CGT y la Federación de los Trabajadores de la Comunicación de la CTA. Así que estuvieron aportando todos los sindicatos de periodistas.
El ataque central del Gobierno es el monopolio en el cable, ¿no hubiese sido más sencillo operar la desconcentración de los medios desde la Comisión de Defensa de la Competencia o una ley que regule solamente la televisión paga?
Se trata de marcos jurídicos distintos. Uno es la defensa de la competencia y otro la ley de radiodifusión. Si uno sólo regulara el cable, el cuestionamiento de que el Gobierno sólo quiere destruir un sector (por el Grupo Clarín) y no democratizar el espectro de medios, sería válido. Y como acá de lo que se habla es de la concentración de las ideas y de la agenda de la opinión pública, se trata de todos los medios. La opinión pública es la que no puede estar monopolizada por un sector y menos aún por un actor con intereses económicos. La idea es que esté distribuido. En Argentina hay una inclusión del consumo televisivo de la sociedad a través del cable. La gente no ve la televisión abierta con su antena sino que lo mira mediante el sistema de televisión paga. La gente tiene que pagar para ver canal 13, 11, 7 o 9.
Y esto tiene que ver con el desarrollo de posiciones económicas concentradas en el mercado que han impedido la democratización de la televisión abierta, que no han permitido el desarrollo de otras expresiones, que han hecho del fútbol una herramienta de presión para la competencia y la concentración de mercado.
La ley trata de ordenar y resolver la situación que se generó por la normativa que viene de la época militar y que, con las modificaciones que se hicieron en los 90 favorecieron la concentración de medios en el mercado. Esto es completamente viable llevarlo adelante en un año.
No sólo en los 90. El propio gobierno kirchnerista fue uno de los que impulsó esta concentración de medios en pocas manos. Fue durante el Gobierno de Néstor Kirchner que se permitió la fusión de Multicanal y Cablevisión
Insisto en que son marcos regulatorios distintos. Una cosa es la Comisión en Defensa de la Competencia, que produjo un dictamen que no impugnaba la fusión y otra cosa es la actual ley de Radiofusión y la nueva ley de Medios que se trata en el Congreso.
Bueno, pero la decisión de permitir esta fusión se tomó en el ámbito de Gobierno, el mismo que hoy dice que quiere democratizar el espectro audiovisual ayer permitió la concentración del servicio de cable en una sola empresa
En todo caso demuestra que en ningún momento hubo mala fe o una intención de confrontación con el Grupo Clarín. Y es llamativo que nadie se quejó antes de la nueva ley, nadie criticó que Defensa de la Competencia no hubiera objetado esta fusión.
¿Cómo qué no? Los cables locales que perdieron ante esto, sí lo hicieron
Hubo un reclamo de la Cámara de cableoperadores independientes que incluso presentó por vía judicial el reclamo, pero el resto de los medios no se han quejado.
TN emite en el canal un aviso donde afirma que va a desaparecer si se aprueba la ley de Medios…
(Interrumpe) Clarín va a tener que elegir con qué canal de cable se queda, TN, Volver, TyC.
¿Y TN va a poder seguir en el interior?
Sí, claro. TN va a poder seguir emitiéndose a todo el país como hasta ahora. Pero es una decisión de la empresa.
Esta nueva ley de Medios es altamente regulatoria, ¿cómo se va a garantizar que se cumpla cuando hoy el Comfer no es capaz de hacerlo con la legislación actual y se permite que CEI tenga más licencias que las que dice la norma y que las radios más importantes se emitan con mayor capacidad de transmisión que la establecida perjudicando a otros diales?
Por eso el Comfer no va a existir más, va a eliminarse. Y se crea una autoridad de aplicación, con poder político y capacidad técnica para actuar. Entre otras cosas el Comfer actualmente no tiene injerencia en el espectro radioeléctrico, sino que está en manos de la Comisión Nacional de Comunicaciones, quienes se encargan de las cuestiones más técnicas y nosotros de las administrativas. Y encima estamos en un mundo en que la tecnología está explotando y tenemos que encarar el tema del plan digital de televisión, entre otros. Necesitamos una autoridad que tenga capacidad de intervención. Coincido en que el Comfer hoy no lo hace bien, pero acá en los 90 se desmanteló al Estado y lo dejó sin capacidad frente actores cada vez más poderosos. Este esquema está en crisis hace mucho tiempo.
Hace seis años que el kirchnerismo está en el poder, ¿por qué recién ahora se lleva la ley al Congreso?
Todavía no hace dos años que gobierna Cristina.
Sí, pero hace seis que está el kirchnerismo en el Poder Ejecutivo…
Néstor Kirchner se ocupó de otras cosas, probablemente por las prioridades de la etapa que le tocó gobernar y creo que el caso de Cristina encaró la gestión con la idea de profundizar algunas cuestiones de la democracia y la cuestión de la comunicación entró en la agenda. Igualmente nosotros desde 2004 que planteamos esta reforma, pero entiendo que se priorizaron otras cosas.
La ley establece cómo se va a conformar la autoridad de aplicación a nivel político, pero ¿cuáles van a ser los cuadros técnicos que va a garantizar que se cumplan las regulaciones?
La ley da treinta días para convocar al Consejo Federal, 38 miembros de las 24 provincias más representantes de los distintos sectores, que tienen que designar a dos directores de esta autoridad de aplicación, uno de ellos debe ser un académico. Paralelamente, se tiene que constituir la Comisión Bicameral, con 8 senadores y 8 diputados, que tienen que designar a tres directores. Y el Poder Ejecutivo tiene que designar dos. Recién ahí se va a tener una autoridad constituida para aplicar la ley.
Eso es el equipo político, ¿y el técnico?
La idea es que los empleados del Comfer pasen a trabajar para ellos, pero es área todavía no está constituida y lo va a tener que hacer la Secretaría de Comunicación.
¿El Gobierno va a lograr, como quiere, sancionar la ley sin cambiarle ni una sola coma del proyecto que se giró de Diputados?
Creo que sí. El radicalismo se equivocó en el debate de la Cámara Baja y en vez de participar de la negociación, se retiró del recinto. Si se hubieran quedado, habrían puesto al Gobierno en una posición de negociar y estábamos preparados para eso, pero no lo hicieron. Perdió su oportunidad de negociar en Diputados. Y cuando llega al Senado, para nosotros ya están producidos los acuerdos básicos que había que hacer con todos los cambios que se hicieron. Dilatar la cuestión en el Senado no tiene que ver con hallar consensos sino con poner palos en la rueda para que el proyecto no salga.
Pero el Senado tiene derecho y el deber de modificar si lo cree necesario porque es la Cámara revisora en este procedimiento…
Sí, bueno, yo creo que se va a votar tal cual está. Sin embargo, si sufriera alguna modificación, volverá a Diputados y la Cámara seguramente insista con la sanción original, así que es a lo sumo una cuestión de tiempo. Con modificaciones o sin ella, la noticia es que tenemos una ley de la democracia.
Fuente:LPO
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Coordinador general del Comfer.- (Luís Lázzaro)
